miércoles, 5 de agosto de 2015

Un propietario oportunista: la movilidad en el pueblito zapopano-tapatío



 ¿Quién es el responsable de los traslados en la Zona Metropolitana de Guadalajara? Parecería que hemos llegado al nivel de desarrollo urbano al que hace unos treinta años aludía un visitante a Calcuta; asombrado, había llegado a la conclusión de que en esa ciudad de La India no eran necesarios los reglamentos pues bastaba con observar el tamaño de cada vehículo para conocer su jerarquía en la escala de los depredadores urbanos. Era claro que en la ciudad de Calcuta el peatón era el más vulnerable y el que tenía que esperar a que pasaran todo los demás: bicicletas, motos, autobuses, camiones de carga, patrullas, ambulancias…
Además de que Guadalajara se ubica en una latitud muy similar a la ciudad de india, ahora hemos logrado prescindir de las normatividades escritas. ¿Para qué necesitamos un reglamento de tránsito que apenas menciona al peatón si nos basta con saber que es éste el que menos derechos goza y el que más daños arriesga sufrir. El problema, según lo veo, es que quienes son los responsables asignados de la tarea de regular, coordinar y facilitar la movilidad de los habitantes y visitantes de esta noble y leal ciudad, no han sido capaces de anticipar las políticas de movilidad adecuadas. En una ciudad tan dispersa y mal planeada como es la Zona Metropolitana de Guadalajara, hace décadas que sufriomos por la contaminación ambiental causada por una enorme cantidad de vehículos de motor, la mayoría en manos de particulares y pocos dedicados a prestar un servicio de traslado, ya sea como taxis o como autobuses.
Las limitaciones del transporte colectivo en Guadalajara y las ciudades vecinas son conocidas desde hace medio siglo. Y son pocas las acciones y las estrategias que se han integrado como parte de los planes oficiales para facilitar o promover los traslados de una parte a otra de la ciudad, mucho menos para conectar con sistemas más amplios de traslados regionales o nacionales. Parte de la responsabilidad asignada para el asunto de la movilidad se ha dejado en manos de una secretaría que, no debe resultar sorpresa, se denomina “Secretaría de Movilidad” y que depende, al igual que otras secretarías, del poder ejecutivo del estado (es decir, del gobernador). Cabría esperar que, siendo que todos los secretarios responden a un mismo jefe, tuvieran alguna coordinación entre ellos para resolver los problemas que corresponden a cada uno de ellos… Y al menos no estorbar las funciones de los demás secretarios.
El responsable y, en cierto modo, el “propietario” de los problemas y las soluciones de movilidad en la ciudad sería el titular de esa secretaría. No obstante, en meses recientes, sobre todo hasta hace unos pocos días, con el cambio del titular de esa secretaría, parecería que, más que dedicarse a administrar, anticipar, resolver los problemas de la movilidad, esta secretaría se ha dedicado a sustituir a los bomberos de la ciudad (que ya de por sí cuentan con escasas estaciones en la metrópoli) y, “van a donde hay incendios”, aunque estos sean sólo figurados.
La Secretaría de Movilidad se dedica a resolver bomberazos en vez de responder a prioridades, planes, estrategias, operativos que sean diseñados en anticipación de los problemas de transporte en la metrópoli. Así, ha respondido, en parte por órdenes explícitas del gobernador Aristóteles Sandoval, en parte por carecer de un plan propio como secretaría, a distintas urgencias que no supo anticipar y que luego ha tratado de resolver de una en una.
El hecho de que se haya generado una flotilla de autobuses verdes y bajado la tarifa de $7.00 a $6.00 como respuesta al atropellamiento de cerca de veinte estudiantes en marzo del 2014, los operativos de control de alcoholemia (en donde trabajan las famosas “toritas”), las respuestas tardías al control y registro de autobuses y sus rutas, así como de los taxis y sus permisos, han convertido a la secretaría, más que en un agente de solución de problemas, en una revoltosa que genera más problemas de los que pretende resolver.
Así, el operativo de control de los traslados a partir del uso de la tecnología Uber, seguido por el control de los taxis (de los que, casualmente, se descubre no están adecuamente registrados, regularizados, apropiados y que probablemente tienen, hace muchos años más prestanombres que propietarios) demuestra que no había un plan “A” previamente diseñado, sino un plan “B” pergeñado sobre las rodillas. El operativo acabó desatando violencia entre unos prestadores de servicio y otros. Entre los choferes que manejan los automóviles de empresarios acostumbrados a la corrupción protectora o de ojos de hormiga de la SEMOV y habituados a que les acepten sus carcachas de escasa seguridad contra los choferes de uber, con lo que se vulneró también a los usarios de las (relativamente) nuevas tecnologías.
La falta de coordinación entre las secretarías que (se supone) tienen un mismo jefe, ha ocasionado aun más caos y retardos en las posibilidades de trasladarse de un lugar a otro dentro de una ciudad que lleva décadas de atraso en el renglón del transporte colectivo, ya sea público o privado. De tal modo, las obras del tren ligero se iniciaron en varios frentes, como resultado de que son distintos contratistas los que han entrado a operar en distintos puntos de la ciudad. Como son distintas secretarías las involucradas, y múltiples contratistas, además de distintos “propietarios”, la coordinación no ha sido una virtud que los distinga. Así, a pocas semanas de concluidas las obras de las zonas 30 en el centro de la ciudad, éstas pronto tuvimos que darlas por perdida debido a las desviaciones de una gran cantidad de vehículos cuyo peso y cantidad no habían entrado en los cálculos de lo que debían soportar como zonas tranquilizadas.
 Las obras, el caos y las consecuencias seguirán al menos hasta el 2017 para los negocios y vecinos, para los usuarios y prestadores de servicios. Y muchos de quienes viven lejos de esas obras o tienen que trabajar en lugares que no se ubican en las zonas se ven también afectados por las desviaciones, además de por las obras que se han abierto en otros frentes, ya sean para mejorar la movilidad o para corregir inundaciones y otras consecuencias de una planeación urbana hecha sin ganas de anticipar lo que podría suceder ni de recordar lo que año con año y temporada tras temporada se repite: más embotellamientos y enfangamientos.
Muchos de quienes habitamos esta metrópoli podemos anticipar el caos que se vendrá a mediados de agosto, cuando miles de estudiantes de distintos niveles regresen a clases. Lo que probablemente no podrán solucionar len la secretaría que es “propietaria” y a la vez encargada de resolver con oportunidad (y no, cuando salga la ocasión y se pueda anunciar alguna medida para resolver algo que creció sin que los encargados/responsables/propietarios se hubieran dado cuenta).
¿Dónde está la previsión y dónde los planes de trabajo para atacar estos problemas desde la Secretaría que en unas cuantas semanas podrá denominarse de la INMOVILIDAD?
Por otra parte, los alcaldes electos de Movimiento Ciudadano, encabezados por Alfaro en Guadalajara han anunciado que harán uso de sus facultades y harán que la movilidad vuelva a las manos de los ayuntamientos en aquellos municipios gobernados por los naranjas. De alguna manera, a la vista del caos que se deriva de la falta de previsión de una secretaría y la falta de coordinación de ésta con las demás, los alcaldes de Movimiento Ciudadano anticipan que serán capaces de generar planes, de proponer soluciones y con ello muestran que quieren quitar la propiedad de estos problemas al gobierno del estado y lucirse en vez de seguir con esta historia de la infamia que ha sido la de los traslados en la metrópoli zapopano-tapatía…

En contraste con tantos nichos de oportunidad de negocios que han sido desperdiciados por no generar establecimientos públicos y privados que atiendan a los usuarios de los servicios de movilidad (estaciones, paradas, aceras adecuadas, caminos peatonales y de transición entre modalidades de transporte), los alcaldes de MC parecen haber encontrado un nicho de oportunidad para aprender y practicar soluciones en su camino a la gubernatura. El proponer soluciones prácticas y de normatividad en el difícil campo de la movilidad metropolitana podría valerles, aun cuando sean soluciones parciales, la posibilidad de que los electores consideren en pasar a sus manos el control del gobierno del estado. Si bajan los polvos levantados por la desorganización y la falta de coordinación, aumentarán seguramente la claridad de los votantes hacia un determinado color entre los partidos políticos. Quien logre apropiarse adecuadamente y nombrarse el responsable de haber solucionado o siquiera anticipado algunos de estos problemas, estará en mejores condiciones de aprovechar la oportunidad que ha desaprovechado una secretaría (y un ejecutivo) sin visión de la complejidad que representa el trasladarse en una ciudad de esta magnitud y con estos antecedentes de dispersión espacial, corrupción en la prestación de servicios y falta de vigilancia y sanción de quienes están encargados de mover a quienes la habitamos.

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