La ley de Haddow y los faits accomplis en la academia

La ley de Haddow y los faits accomplis en la academia

Ningún administrador de la ciencia debe perder de vista la ley de Haddow:

la labor del administrador es recabar dinero, y la del científico es gastarlo.

Peter B. Medawar (2011:83)

El obituario escrito por E. Boyland y R. J. C. Harris al año siguiente de la muerte de Sir Alexander Haddow (1907-1976), Director del Chester Beatty Research Institute para combatir el cáncer, en Inglaterra, detalla: He once queried the right of a finance committee to make judgments on research policy: “Your function”, he said, “is to find the money; it is my function to spend it”. La prescripción quizá no viene al caso en la institución académica en la que los lectores realizaron sus estudios o, en el caso de que los lectores se dediquen a la academia, en la que trabajan. Probablemente como estudiantes o como profesores e investigadores han experimentado que los funcionarios de su universidad son extremadamente obedientes de la ley de Haddow y no aspiran sino a servir como buenos administradores. Probablemente la queja de que los administradores utilicen el dinero según su criterio, y no según las solicitudes y necesidades de la investigación científica esté fuera de lugar en la institución en la que estudian o trabajan los lectores de este comentario.

Esa posibilidad de que los administradores gasten el dinero y prefieran hacer que los investigadores lo gestionen está muy alejada de la realidad. ¿A quién se le ocurriría pedir que los académicos soliciten dinero a sus universidades únicamente después de haber asegurado los apoyos de fundaciones internacionales o de los consejos de ciencia de su país? Claro que a ningún administrador se le ocurriría eso. Los administradores de las universidades locales saben muy bien que no están ahí para recibir altos sueldos, ni para gastar el dinero a discreción en viajes, festivales y presentaciones suntuosas, sino para gestionar recursos para el avance del conocimiento y la formación de los futuros profesionistas. Ningún funcionario, conciente de que su función es gestionar y administrar, tiene un sueldo mayor que cualquier académico. Como administrador está conciente de que debe establecer los fondos para que se haga investigación dentro y fuera de los cubículos, que se deben comprar y producir materiales impresos y digitales, que deben gestionarse espacios para el diálogo y el intercambio de información, experiencias y estrategias de recopilación y análisis de la información.

¿A qué administrador se le ocurriría cerrar auditorios, aulas o laboratorios sólo porque existiera la posibilidad de que en ellos se reunieran los académicos para discutir asuntos relacionados con el funcionamiento de las instituciones académicas? ¿A qué funcionario se le ocurriría pensar que es el jefe de los académicos y que ellos deben obedecer sus órdenes, estando ya establecido que son los administradores quienes deben apoyar a las funciones sustantivas de la universidad? Claramente, en el contexto de quienes leen este texto, la probabilidad de que los funcionarios tengan guardaespaldas y se sienten en enormes oficinas con múltiples teléfonos y otras comodidades de la vida moderna, con gastos pagados a partir del presupuesto universitario, es bastante cercana a cero.

Concientes de que en las universidades de nuestra localidad, región y país los administradores conocen y aplican al dedillo la ley de Sir Alexander Haddow, incluso desde antes de que él la profiriera, podríamos pensar que ninguno de ellos aplica el razonamiento de los faits accomplis que se aplicó durante los inicios del colonialismo moderno (en la época de entreguerras). Según ese razonamiento de los “hechos consumados”, si las metrópolis ya habían convertido a determinados territorios en sus colonias, lo más lógico sería que se les protegiera. Los administradores de nuestras universidades jamás serían capaces de maquinar algo así como: “si ya gastamos el dinero para investigación en un festival que excluye a nuestros académicos, es fácil que lo volvamos a hacer. Y si el festival ya se hizo, es mejor no rendir cuentas de cuánto dinero y ni qué proporción de los fondos disponibles en la institución se gastaron en él”. Según este razonamiento, los administradores podrían anular proyectos, laboratorios, centros y pensar: “ya ni modo, ya se cerró y no volveremos a financiar algo para lo que se nos acabó el dinero. Ni que nuestro trabajo fuera gestionar que hubiera recursos y que hubiera académicos que impulsaran proyectos de investigación”. ¡Nuncamente de los jamases! Bien sabemos que los funcionarios de las universidades de nuestra localidad, región y país son disciplinados y además rinden cuentas de los destinos de cada uno de los centavos que gestionaron y luego entregaron a los académicos para que los gastaran con el propósito de hacer avanzar la ciencia y la formación de nuevos profesionales (algunos de los cuales serán, a su vez, académicos o administradores). Jamás se les ocurriría pensar que son ellos quienes deben evaluar si deben iniciar, continuar o suprimir proyectos y centros de investigación.

Por citar un ejemplo cercano de algo que jamás sucedería, que sería inconcebible e increíble, además de inaudito: jamás a algún funcionario se le ocurriría gastar el dinero en cambios cosméticos a los centros académicos en vez de privilegiar las intervenciones necesarias, ni propondría ante los consejos de centro y general de la universidad la desaparición de departamentos y centros académicos dedicados al estudio de la cultura regional o de la cinematografía. ¿No sería inconcebible que, ante la necesidad de conseguir recursos y personal, se dedicara a cerrar proyectos en vez de gestionar recursos y de consultar a los académicos para ver la manera, las metas y el ritmo en que se gastarán los dineros?

¿No sería imposible que los administradores, obedientes de las normatividades académicas y de la Ley de Haddow, desoyeran a académicos y estudiantes cuando estos plantearan proyectos, formas de actuación y acciones que implican el gasto de dinero de las instituciones académicas? Claro que todos los funcionarios de las universidades locales, regionales y nacionales se desvelan pensando en cómo hacer más eficiente el gasto, en vez de preocuparse por repetirse y eternizarse en el cargo. Lo que les interesa es servir a la institución académica, no el conservar sus sueldos y puestos y por ello consultan con regularidad a estudiantes, egresados, académicos y a quienes reciben los servicios de la institución académica por la que tanto se desvelan. 

Ninguno de los administradores de las instituciones académicas en la que has estudiado o en la que has trabajado como formador de profesionales o como investigador sería capaz de imponer su voluntad y gastar el dinero en lo que se le diera la gana en vez de encauzarlo a la formación y la investigación y la generación de conocimientos. ¿O sí? ¿Conoces alguno de estos rarísimos casos?

Nota. La referencia a la ley de Haddow aparece en: Medawar, Peter B. 2011. Consejos a un joven científico. Crítica. Barcelona. Traducción de Juan José Utrilla.