Hace pocos años, algunos diseñadores y analistas de la
ciudad y sus procesos comenzaron a utilizar el término “retorcido” (wicked) para describir problemas
complejos que escapaban a la posibilidad de soluciones simples. Solucionar uno
de sus aspectos suele derivar en que se trastornen los demás de maneras
inesperadas. Esta “perversidad” en las reacciones desafía la generación de
mecanismos y procesos que van más allá de medidas lineales y parciales.
En pocas palabras, abordar un
problema retorcido implica plantear el problema más allá de unos cuantos
factores y evitar las visiones reduccionistas que suponen que con controlar,
eliminar o modificar unos cuantos factores la solución queda establcida. Se requiere, principalmente, la reflexión en
varios niveles, ámbitos y desde distintas disciplinas y perspectivas. En parte,
los problemas retorcidos parecen escapar a las soluciones porque se han
convertido en parte de un panorama complejo que parece haber logrado cierta
estabilidad con la que muchos de los involucrados (o al menos algunos que sacan
provecho de la situación) parecen estar conformes.
En nuestra aldea zapopana-tapatía
es notable que las nuevas autoridades que entraron en funciones a finales del
2015 se han encontrado con este tipo d eproblemas, en especial al lidiar con
los vendedores ambulantes en el centro de la ciudad. Los gobiernos anteriores
le entraron a las dinámicas ya establecidas de corrupción y de beneficio mutuo
(en detrimento de la calidad del centro de la ciudad de Guadalajara y otras
zonas de atracción de transeúntes-clientes-vendedores-comercio informal). Y
este gobierno municipal, cuyo titular aspira a ser gobernador de Jalisco, se ha
planteado atacar el problema de raíz.
Aunque personalmente no conozco
cuál fue su estrategia decisional, ni la totalidad de los actores involucrados,
lo que se les ha planteado es precisamente un problema peor que complejo: es
“retorcido” en el sentido de que no esperaban todas las reacciones que se han
venido, desde la aprobación de los usuarios de la ciudad, hartos de los
vendedores, hasta las protestas de los vendedores informales que han
aprovechado para comenzar a organizarse. O al menos a aprovechar las redes
sociales reales (aunque en parte también las virtuales) para comenzar a organizar
su opoición a las autoridades del ayuntamiento tapatío.
En el momento en que escribo
esto, hay noticia de que se han enfrentado los vendedores con la policía, de
que los vendedores comienzan a organizarse y a recurrir a las leyes, de que el
ayuntamiento planea desalojar a los vendedores de varias zonas históricamente
caóticas en la ciudad, además del centro histórico. El problema retorcido,
encuentran las autoridades tapatías, está más extendido de lo que podría
parecer a algún turista que atravesara el centro tapatío. Hay vendedores de
todo (desde “chinaderas”, “chuchulucos”, comida chatarra, ropa de factura legal
o no, aparatos y accesorios electrónicos, hasta muestras médicas, drogas
legales e ilegales) y los hay en casi todos los rumbos de la ciudad y del
municipio y es probable que incluso más allá de los límites municipales, para
incluir a buena parte de la metrópoli. Hay noticias que ya conocíamos pero que
no se difundían: la ciudad es un paraíso para la economía informal y es un caos
cuando se le ve desde las aspiraciones de que el espacio público urbano quede
relativamente delimitado en sus usos.
El planteamiento anterior lleva a
una pregunta que propone ese razonamiento para otra área problemática. Ya
sabemos que las ciudades latinoamericanas han seguido, en buena medida, el
ejemplo de las ciudades estadounidenses para su dispersión: espacios
relativamente especializados, con suburbios-dormitorios y grandes problemas de
movilidad urbana. La idea es que la gente llegara rápido a sus lugares de trabajo
desde sus lejanas viviendas y que sus hogares estuvieran lejos de las
actividades económicas. Lo que ha generado que se expanda el mercado de
automóviles particulares, el transporte colectivo y no motorizado sean
marginales y que se vendan además muchos bienes raíces en las orillas de las
ciudades y muchos combustibles para alimentar a los automóviles particulares
que transportarán a los trabajadores-conductores entre sus viviendas y sus
trabajos.
La pregunta, en concreto es: ¿de
qué manera los académicos de la Universidad de Guadalajara, las autoridades de
la Zona Metropolitana de Guadalajara, se han planteado solucionar el problema
retorcido y complejo que representa la creación de centros universitarios que
resultan periféricos respecto al centro de la ciudad de Guadalajara? Habría que
considerar que, dado el modelo de desarrollo urbano que implica la dispersión
de la ciudad de Guadalajara, estos centros universitarios, en concreto los
ubicados en la zona de Los Belenes (Zapopan) representan una especie de
“suburbio escolar” que se ubica relativamente fuera de la ciudad. Habrá que
tomar en cuenta que la población de Zapopan comienza a establecerse fuera del
anillo periférico y con ella ha acercado la parte de “dormitorios” de la ciudad
a esos confines. Pero no ha acercado los medios de transporte, los servicios,
los lugares de trabajo, las infraestructuras adecuadas para el traslado,
permanencia y seguridad de los estudiantes, los académicos, los trabajadores
universitarios.
Como mencioné en los primeros
párrafos, se trata de un problema “retorcido” y complejo que no admitirá una
solución simplista como: “al llegar los estudiantes a esos centros
universitarios la situación de transporte, servicios, comedores, seguridad,
infraestructura, se resolverá gradualmente y por sí sola”. Es evidente que se
requerirá de una serie de intervenciones de parte de los involucrados.
Intervenciones que van desde consultar a quienes ya se trasladan a esos rumbos
de la ciudad, un conocimiento detallado de la accidentalidad, la
morbi-mortalidad de la zona en términos de cada uno de los modos de transporte disponibles
y potenciales, las infraestructuras que ayudan o estorban a la calidad de vida
y a la conservación misma de la vida de los habitantes, transeúntes, usuarios y
de la población de los centros universitarios.
El problema retorcido y complejo
se planteará pronto también para otro de los centros univesitarios que se
propone en la Zona Metropolitana (para que el que se solicita un monto de
aproximadamente $500 millones de pesos): el de Tonalá. Cuando aún no se
resuelven los problemas de acceso, seguridad, servicios, permanencia,
infraestructura en los dos centros universitarios ubicados en la zona de Los
Belenes (además de las otras áreas universitarias con negocios del espectáculo
en las inmediaciones, entre el centro de Zapopan y la zona de Los Belenes), se
plantea generar otra situación que requerirá soluciones que ya muestran un
notable rezago para finales del 2015. La evidencia de que esos problemas no se
han siquiera planteado adecuadamente, ni se ha generado una ruta crítica de las
soluciones que deberán estar ya en operación, es que desde hace al menos un
lustro que se plantea el traslado del Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades a Los Belenes. No se han
logrado consolidar ni las soluciones y ni siquiera los planes se han dado a
conocer a los involucrados. Por alguna razón en inglés se les conoce como “stakeholders”.
Los intereses de esos involucrados pueden hacerlos actuar como “agentes”, más
que como “sujetos” a las acciones de quienes toman las decisiones en su nombre.
Los universitarios quizá
podríamos aprender de las reacciones que han tenido que enfrentar en las
últimas semanas las autoridades municipales de Guadalajara. ¿Qué pasará cuando
se anuncie que habrá traslado a Los Belenes si no se ha consultado a nuestros stakeholders?
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