Habitantes de las ciudades ¿Por qué nos vemos obligados a
hacer política?
Por: Dr. Luis Rodolfo Morán Quiroz
La política: qué es, cómo se hace, cómo se inhibe.
La humanidad suele distinguirse por su doble capacidad de
“hacer cosas” y de “hacer que las cosas sucedan”. Por lo general, son los
trabajadores manuales quienes hacen las cosas directamente, mientras que los
trabajadores intelectuales se dedican a diseñar modos de hacer que sucedan las
cosas. Es la acción política la que se encarga de promover que se hagan cosas o
la que promete o amenaza con hacer determinadas cosas como consecuencia de lo
que hacen o dejan de hacer los demás. Este “poder” para que hacer y para que se
hagan las cosas no está distribuido uniformemente y hay quien se especializa en
una de estas grandes áreas y otros que se especializan en la otra. En esta
división del trabajo, son los administradores y los políticos quienes se
aseguran de hacer que los trabajadores hagan las cosas.
La especialización y la profesionalización han dado lugar a
la existencia de “políticos profesionales” que no necesariamente saben cómo se
hacen las cosas en los ámbitos de la acción concreta, sino que su saber suele
enfocarse en la gestión para conseguir recursos materiales y financieros,
además de la generación de procesos para la selección y supervisión de quienes
los aplicarán. Esta profesionalización, que en algunos de los textos clásicos
de las ciencias sociales se denomina burocracia como “administración racional”
de los recursos materiales y humanos (cfr. Max Weber) deriva en que sean unos
cuantos políticos de carrera los que se abrogan la función de hacer que las
cosas sucedan, mientras que adjudican a otros la tarea de hacer las cosas
directamente.
Esta profesionalización de la tarea de los políticos ha
derivado, en una buena parte de los casos, en un distanciamiento entre las
necesidades sentidas por quienes andan “a pie” y quienes recorren las
demarcaciones socio-políticas desde las alturas de las giras oficiales, los
vehículos oficiales o los helicópteros: con una vista panorámica que presta
escasa atención a los detalles de la vida cotidiana. ¿Cuáles son las
necesidades generales más acuciantes?, se preguntan. Y suelen responder con
visiones de “expertos” que no necesariamente conocen los casos concretos sino
las teorías generales de la vida en el campo, en las ciudades, en los barrios,
de la movilidad, de las necesidades de educación o salud. Es común que tanto
los especialistas “expertos” como los profesionales de la política dejen de
lado el diálogo y la vivencia de la gente “de a pie” y proponga soluciones
generales a problemas particulares.
De tal modo, quienes sufren los problemas concretos suelen ver
inhibidas sus posibilidades de expresión de necesidades y aspiraciones ante las
soluciones que se ofrecen desde la vista panorámica de expertos que no siempre
se aseguran de consultar cómo se viven determinadas situaciones concretas que
ameritan la prestación de servicios, pero que probablemente lo ameritarían en
una profundidad y sentido distintos a como lo plantean los profesionales de la
política. De tal modo, las vivencias y expresiones de quienes hacen las cosas
con frecuencia se ven inhibidas por quienes tienen el poder, real o percibido,
de hacer que se hagan las cosas. En ocasiones esta participación en la
expresión de necesidades y aspiraciones se inhibe por el temor propio, derivado
de amenazas presentes o potenciales, de las acciones que se pueden desencadenar
de parte de los profesionales de la administración y de la política.
En cierto sentido, esta amenaza de generar acciones contra
quienes no están de acuerdo con determinadas formas de administrar los recursos
para el supuesto bien común, deriva en apatía, insensibilización y en falta de
participación en los asuntos políticos de nuestros ámbitos locales.
La obligación de actuar y hacer política.
Pero: ¿no era la política un ámbito que supuestamente
requería la participación de todos los ciudadanos? ¿No era un derecho y una
obligación el participar en la tarea de hacer que se hagan las cosas? ¿Bastaría
con hacer las cosas en vez de contribuir a que se hagan de determinadas
maneras? Parecería, en algunas situaciones, que el derecho más visible es el de
callar para no tener que ser objeto de represión por expresarse de maneras que
no son del agrado de quienes se encargan de hacer que se hagan las cosas; es
decir: los ciudadanos de a pie acaban por aprender que promover otras vías de
acción pueden derivar en represión de parte de los ciudadanos especializados en
la gestión y que se han convertido en profesionales de la política. Esa
represión rara vez es directa y no es que el político vaya y confronte
personalmente al ciudadano: para eso existen los partidarios (pagados con
dinero o con algún otro beneficio real o potencial) y las mismas policías
encargadas de “mantener el orden público”.
Surge entonces la pregunta: ¿es una obligación moral la de
actuar por el bien propio y del vecino? ¿O es obligación, en cambio, la de
callar y no participar ni expresar desacuerdos con lo que dicen los expertos y
los políticos profesionales? Hitzler (2002) señala que eventualmente los
súbditos son (somos) capaces de insubordinación. Con ello, dice, nos vemos
obligados a hacer política ante la incapacidad o falta de voluntad de quienes
abrazan la política como profesión. Es ése el caso de la denominada
“autogestión” (Lefebvre, 1966), que puede derivar en movimientos anarquistas,
de oposición a la reforma o de abierta promoción revolucionaria. Se podría
añadir: o de simple participación en movimientos de reforma urbana por falta de
injerencia de las autoridades oficiales. ¿Qué hacer en los casos en que el
estado no se hace presente en la prestación de servicios y en la dotación de
infraestructura, planes y políticas cuando los habitantes de las ciudades
cuentan con que los recursos derivados de los impuestos se apliquen en sus
zonas de residencia?
Aparentemente, las iniciativas autogestivas y
autofinanciadas no son suficientes y es entonces cuando las prácticas de la
ciudadanía se relacionan con lo que Sassen (2006: 316) llama la “producción de
la ‘presencia’ de quienes carecen de poder y de una política que reclama
derechos en la ciudad”. Para ella, la ciudad constituye nuevamente la escala
(ya no la escala del estado) para las dinámicas económicas y políticas
estratégicas. Los sujetos están presentes en las ciudades globales y ello les
da acceso a recursos operacionales y retóricos, más que al recurso del poder por
sí mismo. Para Sassen, el acceso a las ciudades de parte de esta población
pauperizada para vivir en una casa de cartón o en una vivienda, coincide con la
necesidad que tiene el capital global de acceder a las ciudades para muchas de
sus operaciones. De alguna manera, ante el debilitamiento del estado como
escala de lo político, las ciudades hacen visible la presencia de los
habitantes delas ciudades y contribuyen a una nueva territorialización de la
política y llevan a la generación de una “sociedad civil global” que incluye
tanto a los pobres en el ámbito local como a los activistas en las red
transfronterizas.
Los habitantes de las ciudades, sean ciudadanos reconocidos
por el estado o no, o reconocidos o no por las autoridades locales como sujetos
de plenos derechos a los recursos y dinámicas de las ciudades, se convierten
así en factores de peso y en agentes con capacidad de actuar, en parte dada su
posibilidad de “dejar de actuar”. La huelga general es una estrategia de los
desposeídos que puede hacer que los gobiernos reconsideren sus propuestas a
cursos de acción, a diferencia de la inercia de los habitantes de las ciudades
al seguir actuando como si nada se hiciera en contra de sus derechos. La acción
política completa una triada de opciones posibles (no actuar; actuar igual que
antes; actuar críticamente) para los habitantes de las ciudades. Esta tercera
opción puede encarnarse en instancias que van desde la simple reunión barrial
para discutir problemas microlocales, hasta la de cuestionar, desde la visión
de quienes no están adscritos a una población susceptible de ser controlada
clientelar o corporativamente, propuestas o acciones específicas de las
autoridades políticas.
Las reivindicaciones de clase.
Se ha argumentado que, en las últimas décadas, sociedades
como la mexicana se han caracterizado por su polarización y la tendencia a la
desaparición de las clases medias (Pamplona Rangel, 2013) y que las
intervenciones desde las clases medias y universitarias se han convertido en
origen de reivindicaciones “pequeñoburguesas” pues no atacan las raíces de las
crecientes desigualdades y disparidades. El proletariado se hace cada vez más
vulnerable y muchos de sus miembros se convierten en parte del precariado: sin
acceso al poder, a una voz y a una participación como trabajadores y como
ciudadanos con plenos derechos. La globalización de la producción conlleva el
traslado de las operaciones económicas a puntos del planeta en que la mano de
obra resulta más barata y flexible para generar mayores márgenes de ganancia
que van a parar a manos de los capitalistas.
En ese contexto de desempleo de los antiguos trabajadores
manuales y de pauperización/polarización social, las clases medias se han
alzado como las detentadoras de una voz y de una relativa conciencia del
deterioro de sus condiciones de vida. De ahí que en los llamados “distritos
centrales” de las ciudades hayan surgido y se hayan manifestado movimientos en
torno a banderas como el transporte en bicicleta, las movilidades alternativas,
los rescates de espacios públicos, la defensa del empleo, el acceso a la
economía subterránea sin que se reprima
con la fuerza del estado.
La misma complejidad de las ciudades ha requerido el aumento
de los servicios públicos y el estado no siempre se hace presente para
ofrecerlos: desde la recolección y clasificación de los desechos, el transporte
de niños hacia las escuelas, la edificación de escuelas que incluya tanto las
infraestructuras adecuadas para las nuevas tecnologías de la comunicación como
la mínima protección contra los elementos, la iluminación de los caminos y
calles de acceso público, la seguridad en los espacios públicos y privados, la
dotación de espacios para la expresión religiosa, para el ocio y para el estudio,
entre otros. En años recientes, han sido las capas profesionales y las clases
medias las que se han abocado a gestionar, exigir o construir las condiciones
para la prestación de estos servicios en las ciudades. En algunas secciones de
las ciudades, esta participación ha sido clave para que se instituyan estos
servicios; en algunos casos, la competencia por los recursos escasos se ha
inclinado a favor de los grupos más proactivos, mientras que en otros más, las
decisiones de los actores políticos se han inclinado a favorecer a quienes se
opongan menos a sus decisiones y estén dispuestos a apoyar algunas de las
acciones subsecuentes de los políticos profesionales.
Aun cuando los controles clientelares de décadas pasadas en
la sociedad mexicana ya no prevalecen tanto en la actualidad, algunos de las
propuestas y acciones de los políticos profesionales se centran en favorecer a
aquellos grupos que no las cuestionen y a reprimir a quienes sean críticos de
ellas.
La urbe de la complejidad.
La ciudad, como un conjunto de problemas complejos, no
constituye un conjunto similar de dificultades para todos sus habitantes. El
mismo espacio es diferencialmente complejo, según la clase social, la condición
física, la edad, la preparación académica, la historia personal, el género, la
conformación familiar.
De tal modo, en distintos momentos se cuestiona o se alaba a
quien toma las decisiones sobre infraestructura y prestación de servicios
urbanos. Y por otra parte, hay quienes toman decisiones acerca del uso y duración
de la infraestructura y de los recursos y servicios en las ciudades, que pueden
estar ancladas en la duración de los periodos en el cargo de algunos políticos
profesionales. En contraste, los habitantes de las ciudades, que suelen
permanecer en ellas en periodos distintos de los que corresponden al cargo
oficial, suelen tener una perspectiva de
la duración y el mantenimiento de la infraestructura y de los servicios que
trasciende a los trienios o sexenios, a las legislaturas y a los contratos por obra
determinada. Tanto los ciudadanos como quienes no gozan de derechos de plena
ciudadanía, están en posibilidad de utilizar y evaluar infraestructuras y
servicios en el día a día, mientras que los políticos profesionales rara vez
pueden asumir esta conciencia pues, en gran parte, asumen el cargo para ya no
tener que comportarse como simples “ciudadanos de a pie” y tener choferes y
otros ayudantes a su cargo, que los salvan de los trámites y las tribulaciones
del urbanita habitual. ¿Quién puede conocer mejor un servicio de transporte
público, la trabajadora doméstica o el empresario, el estudiante de secundaria
o el gobernador del estado? Es esta perspectiva del uso concreto, lo que logra
poner en entredicho las decisiones “desde arriba” que hacen políticos y
expertos, para que se utilicen infraestructuras y servicios “desde abajo” en la
cotidianidad del ama de casa, del estudiante y del trabajador.
Sassen (2006: 315) señala que si consideramos que las
grandes ciudades concentran al capital global y a la vez a una creciente
proporción de las poblaciones en desventaja, las ciudades se convierten en un
terreno estratégico para una serie de conflictos y contradicciones. Para
Sassen, “la importancia de la ciudad en la actualidad se da como un contexto
para la generación de nuevos tipos de prácticas de ciudadanía y nuevos tipos de
sujetos[i] políticos que no han sido formalizados por completo”. Cabría añadir:
estos sujetos políticos se constituyen en el bregar cotidiano por ciudades que
para los grandes capitales o para las mismas autoridades locales son vistas
únicamente desde las alturas de las decisiones de la macro-ingeniería, la
macroeconomía, la visión panorámica de conjunto pero no desde la visión de las
pequeñas fallas a nivel del suelo que se convierten en grandes contrariedades
en los ánimos de los usuarios y habitantes de las ciudades.
Obligación moral y obligación sin escapatoria.
Ser habitante de la ciudad no es lo mismo que ser ciudadano
con derechos plenos. Sin la edad legal para votar o sin las condiciones para
conseguir un pasaporte, de todos modos seguimos inmersos en los complejos y
diferenciados problemas urbanos. Aun cuando los “ciudadanos” tienen la
obligación moral de participar en lo que concierne a la “polis”, son los
“urbanitas”, habitantes de las ciudades (bien o mal o no planeadas) los que se
ven obligados a vivirla, transitarla y a cumplir una obligación de la que no
pueden escapar sin tener que abandonar (o ser excluidos) de la ciudad. Esa
obligación no se limita a tener que asumir las estructuras y los servicios
“como vienen”, sino asegurarse también de “que vengan”, es decir, que los haya
o que se les construya para evitar la confrontación de los urbanitas entre sí
en vez de abocar las energías en exigir a las autoridades la prestación de
servicios y la construcción de infraestructuras.
Es en este sentido que algunos de los habitantes de las
ciudades suelen expresar que es “más fácil” no participar en las reuniones de
vecinos, para evitar las confrontaciones con personas que apenas conocen pero
con las que se rozan casi cotidianamente en la calle, el mercado, el transporte
público. En este sentido, algunos de los críticos de las clases medias y su
marcado individualismo, señalan que las acciones de estos movimientos de acción
urbana que exigen servicios e infraestructura se olvidan de atacar los
problemas desde la raíz de la desigualdad en las ciudades y se centran en los
interese más inmediatos de los habitantes de los barrios y los cotos en vez de
incluir los intereses y ventajas de los habitantes de las ciudades en su
conjunto. ¿Tienen razón quienes argumentan que ante la inmensidad de los
problemas es preferible la minimización de los esfuerzos? ¿Es preferible dejar
que decidan los políticos profesionales desde su perspectiva panorámica, con el
apoyo de expertos con sus conocimientos técnicos?
¿Es más fácil dejar las decisiones en manos de expertos?
Ante quienes argumentan que son los políticos profesionales y los expertos
quienes deben hacer las decisiones y hacer que se apliquen las normas, las
políticas y las acciones que llevarán a concretar lo acordado, puede
argumentarse que resulta “más fácil” ser un ciudadano que se queja, que ser un
urbanita que propone, ve con ojos críticos las opciones disponibles y las
acciones que se generan o se permite que se emprendan.
El criterio de facilidad en el corto plazo no nos libera de
mayores dificultades en el futuro. Como se ve en el caso, por mencionar un
ejemplo, de haber seguido el modelo de movilidad urbana en automóviles
particulares: parecería más fácil dejar que cada quien se traslade al destino y
a la hora que quiera, en vez de establecer sistemas de transporte colectivo con
horarios y destinos fijos para beneficio de millones de habitantes delas
ciudades. Esa postura de dejar que cada quien compre el vehículo que pueda y
quiera ha derivado, en las ciudades mexicanas, en grandes impactos de
contaminación, deforestación, inundaciones, dispersión urbana, muertes
violentas, embotellamientos y grandes costos sociales y personales para el
mantenimiento de un parque vehicular cada vez más ineficiente y de grandes
superficies asfaltadas.
Tomar decisiones que llevan por caminos aparentemente más
difíciles y caras (y que incluso podrían verse como “antipopulares” por quienes
defienden una supuesta autonomía en el transporte individual de nuestro
ejemplo) pueden ayudar a evitar costos mucho mayores en el mediano y en el
largo plazo. Los “expertos” y especialmente los políticos profesionales pueden
argumentar beneficios más inmediatos para disuadir a quienes proponen o
defienden los sistemas de transporte colectivo; con ello, apelan no sólo a la
“facilidad” de la aplicación de presupuestos que competen a sus periodos en el
cargo, sino también a la prestación en el corto plazo de un servicio que acaba
siendo incompleto: se aprestan las calles y las señalizaciones, pero el
transporte en sí, sigue corriendo por cuenta y costo de los propios usuarios,
quienes no pagan por un pasaje, sino que cada vez que se transportan asumen el
costo de varias veces más el costo de sus viajes. Llevan en sus vehículos de un
60% a un 80% de capacidad no utilizada, pues viajan solos o cuando mucho con su
pareja o uno-dos niños, pagan en sus casas por un terreno que utilizan como
estacionamiento, en sus traslados con demoras, embotellamientos y estrés, y en
sus lugares de destino por otro espacio de estacionamiento. Adicionalmente, en
todos los puntos, tanto los usuarios del transporte individual como los
peatones, ciclistas, residentes de los lugares de paso y destino, pagan por la
falta de áreas verdes, de seguridad vial y por la contaminación ambiental. ¿Era
entonces “más fácil” optar por una solución más inmediata aunque a la larga más
costosa?
¿Puede ser “más fácil” permitir acciones de corrupción en el
uso y apropiación de los espacios urbanos y regionales en vez de promover visiones
y acciones más críticas de parte de quienes vivimos en nuestras ciudades? Para
Gauna (2011: 162) la beneficiaria directa del desarrollo es la sociedad civil,
aunque cabría cuestionar si las acciones dirigidas al desarrollo son
efectivamente (y no sólo discursivamente) en beneficio de quienes trabajan y
pagan impuestos en determinados territorios.
Se sabe de algunas instancias en que la noción de desarrollo (como el
nombre de dios) se utiliza para el beneficio propio y el perjuicio ajeno.
En otras palabras, no sólo nos vemos compelidos a la acción
política porque en ausencia de nuestra voz algunos políticos profesionales
pueden asumir que estamos de acuerdo con sus actos de corrupción o sus medidas
por el camino más fácil, sino porque en ausencia de nuestra vigilancia y
nuestra visión crítica, las infraestructuras, los servicios y el destino de
nuestras contribuciones económicas (vía impuestos) o políticas (vía elecciones)
pueden desvirtuarse o adulterarse. Nuestra obligación de informarnos y de asumir
una visión crítica y proactiva se torna inevitable en la medida en que las
decisiones y las acciones de los profesionales de la política no necesariamente
están encaminadas a beneficiar al mayor número de habitantes de la ciudad y de
la región durante el mayor tiempo posible.
Referencias.
Baumanm, Zygmunt y Leonidas Donskis. 2013. Moral Blindness.
The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity. Polity. Cambridge.
Gauna Ruiz de León, Carlos. 2011. Participación social en
los procesos de desarrollo local. Universidad de Guadalajara. Puerto Vallarta.
Hitzler, Ronald. 2002. “El ciudadano imprevisible. Acerca de
algunas consecuencias de la emancipación de los súbditos”. En Ulrich Beck
(comp.), Hijos de la libertad. FCE. México.
Jonhnson, Neil F. 2007. Simply Complexity. A Clear Guide to
Complexity Theory. Oneworld. Londres.
Lefebvre, Henri. (1966) 2009. “Theoretical Problems of
Autogestion”. En Henri Lefebvre, State, Space, World. Selected Essays (edición
de Neil Brenner y Stuart Elden). University of Minnesota Press. Minneapolis y
Londres.
Pamplona Rangel, Francisco. 2013. Desigualdad y violencia en
México, 1990-2010. Tesis de doctorado en ciencias sociales. Universidad de
Guadalajara. Documento inédito.
Sassen, Saskia. 2006. Territory, Authorith, Rights. From
Medieval to Global Assemblages. Princeton University Press. Princeton y Oxford.
Notas.
[i] Nótese que el término subjects en inglés puede ser
traducido tanto con el término “sujetos”, como con el de “súbditos”. Sassen nos
recuerda que hay algunos sujetos (o súbditos) que no gozan de plenos derechos o
de plena integración en una ciudad y en una sociedad en las que pugnan por ser
incluidos. Las mujeres, los inmigrantes, los habitantes de los asentamientos
irregulares, no gozan de los mismos privilegios que los nativos, los varones,
los habitantes de los suburbios. ¿Qué pasa cuando estos “sujetos” no
reconocidos como súbditos plenos y ciudadanos con todos los derechos requieren
de servicios, de espacio, de educación? Cabe recordar las manifestaciones y el
desorden urbano protagonizados por los inmigrantes magrebíes y de su
descendencia cuando se generaron iniciativas legales para evitar su integración
como ciudadanos plenos en Francia, a principios del siglo XXI.
RODOLFO-MORAN
Dr. Luis Rodolfo Morán Quiroz, Universidad de Guadalajara
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Psicólogo, sociólogo, doctor en ciencias sociales. Ha
realizado investigación en sociología de la religión, de la educación y de la
migración. Actualmente se ocupa del tema de las decisiones morales en distintos
ámbitos como la muerte propia y la ajena, la movilidad urbana y la migración,
la sexualidad.
