¿Quién es el responsable de los traslados en la Zona Metropolitana de Guadalajara? Parecería que hemos llegado al nivel de desarrollo urbano al que hace unos treinta años aludía un visitante a Calcuta; asombrado, había llegado a la conclusión de que en esa ciudad de La India no eran necesarios los reglamentos pues bastaba con observar el tamaño de cada vehículo para conocer su jerarquía en la escala de los depredadores urbanos. Era claro que en la ciudad de Calcuta el peatón era el más vulnerable y el que tenía que esperar a que pasaran todo los demás: bicicletas, motos, autobuses, camiones de carga, patrullas, ambulancias…
Además de que Guadalajara se ubica en una latitud muy similar
a la ciudad de india, ahora hemos logrado prescindir de las normatividades
escritas. ¿Para qué necesitamos un reglamento de tránsito que apenas menciona
al peatón si nos basta con saber que es éste el que menos derechos goza y el
que más daños arriesga sufrir. El problema, según lo veo, es que quienes son
los responsables asignados de la tarea de regular, coordinar y facilitar la
movilidad de los habitantes y visitantes de esta noble y leal ciudad, no han
sido capaces de anticipar las políticas de movilidad adecuadas. En una ciudad
tan dispersa y mal planeada como es la Zona Metropolitana de Guadalajara, hace
décadas que sufriomos por la contaminación ambiental causada por una enorme
cantidad de vehículos de motor, la mayoría en manos de particulares y pocos dedicados
a prestar un servicio de traslado, ya sea como taxis o como autobuses.
Las limitaciones del transporte colectivo en Guadalajara y
las ciudades vecinas son conocidas desde hace medio siglo. Y son pocas las
acciones y las estrategias que se han integrado como parte de los planes
oficiales para facilitar o promover los traslados de una parte a otra de la
ciudad, mucho menos para conectar con sistemas más amplios de traslados
regionales o nacionales. Parte de la responsabilidad asignada para el asunto de
la movilidad se ha dejado en manos de una secretaría que, no debe resultar
sorpresa, se denomina “Secretaría de Movilidad” y que depende, al igual que
otras secretarías, del poder ejecutivo del estado (es decir, del gobernador).
Cabría esperar que, siendo que todos los secretarios responden a un mismo jefe,
tuvieran alguna coordinación entre ellos para resolver los problemas que
corresponden a cada uno de ellos… Y al menos no estorbar las funciones de los
demás secretarios.
La Secretaría de Movilidad se dedica a resolver bomberazos en
vez de responder a prioridades, planes, estrategias, operativos que sean
diseñados en anticipación de los problemas de transporte en la metrópoli. Así,
ha respondido, en parte por órdenes explícitas del gobernador Aristóteles
Sandoval, en parte por carecer de un plan propio como secretaría, a distintas
urgencias que no supo anticipar y que luego ha tratado de resolver de una en
una.
El hecho de que se haya generado una flotilla de autobuses
verdes y bajado la tarifa de $7.00 a $6.00 como respuesta al atropellamiento de
cerca de veinte estudiantes en marzo del 2014, los operativos de control de
alcoholemia (en donde trabajan las famosas “toritas”), las respuestas tardías al
control y registro de autobuses y sus rutas, así como de los taxis y sus
permisos, han convertido a la secretaría, más que en un agente de solución de
problemas, en una revoltosa que genera más problemas de los que pretende
resolver.
La falta de coordinación entre las secretarías que (se
supone) tienen un mismo jefe, ha ocasionado aun más caos y retardos en las
posibilidades de trasladarse de un lugar a otro dentro de una ciudad que lleva
décadas de atraso en el renglón del transporte colectivo, ya sea público o
privado. De tal modo, las obras del tren ligero se iniciaron en varios frentes,
como resultado de que son distintos contratistas los que han entrado a operar
en distintos puntos de la ciudad. Como son distintas secretarías las
involucradas, y múltiples contratistas, además de distintos “propietarios”, la
coordinación no ha sido una virtud que los distinga. Así, a pocas semanas de
concluidas las obras de las zonas 30 en el centro de la ciudad, éstas pronto
tuvimos que darlas por perdida debido a las desviaciones de una gran cantidad
de vehículos cuyo peso y cantidad no habían entrado en los cálculos de lo que
debían soportar como zonas tranquilizadas.
Muchos de quienes habitamos esta metrópoli podemos anticipar
el caos que se vendrá a mediados de agosto, cuando miles de estudiantes de
distintos niveles regresen a clases. Lo que probablemente no podrán solucionar
len la secretaría que es “propietaria” y a la vez encargada de resolver con
oportunidad (y no, cuando salga la ocasión y se pueda anunciar alguna medida
para resolver algo que creció sin que los encargados/responsables/propietarios
se hubieran dado cuenta).
¿Dónde está la previsión y dónde los planes de trabajo para
atacar estos problemas desde la Secretaría que en unas cuantas semanas podrá
denominarse de la INMOVILIDAD?
Por otra parte, los alcaldes electos de Movimiento Ciudadano,
encabezados por Alfaro en Guadalajara han anunciado que harán uso de sus
facultades y harán que la movilidad vuelva a las manos de los ayuntamientos en
aquellos municipios gobernados por los naranjas. De alguna manera, a la vista
del caos que se deriva de la falta de previsión de una secretaría y la falta de
coordinación de ésta con las demás, los alcaldes de Movimiento Ciudadano anticipan
que serán capaces de generar planes, de proponer soluciones y con ello muestran
que quieren quitar la propiedad de estos problemas al gobierno del estado y
lucirse en vez de seguir con esta historia de la infamia que ha sido la de los
traslados en la metrópoli zapopano-tapatía…
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